La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió el cierre de 20 juzgados en localidades del interior del país en el marco de una “reorganización de territorios jurisdiccionales a fin de mejorar la distribución de los recursos”.
El 19 de agosto la SCJ divulgó la acordada 8119 en la que una semana antes resolvió la supresión de 20 Juzgados de Paz en el interior del país.
En Canelones se eliminan las sedes de Migues y Tala, Cerrillos, Sauce, Progreso y Soca, en Cerro Largo la de Aceguá, en Colonia la de Nueva Helvecia, en Florida la de 25 de Mayo, en Lavalleja la de Solís de Mataojo, en Maldonado la de Piriápolis, en Rocha la de Cebollatí y Castillos, en San José la de Villa Rodríguez, en Soriano la de Florencio Sánchez, en Rivera la de Tranqueras y en Treinta y Tres la de Cerro Chato.
El Colegio de Abogados del Uruguay emitió un comunicado en el que señalan que la medida «produce un fuerte impacto, en el ejercicio de nuestra profesión y en el acceso a la justicia».
A su vez, exhortan a la SCJ «suspender inmediatamente cualquier medida tendiente a la implementación de dicha Acordada» y solicitan una reunión.
En esa línea la Asociación de Defensores Públicos solicitó «revisar la decisión tomada, considerar los planteos que las distintas asociaciones realizan y poner el foco en garantizar un verdadero acceso a la Justicia».
Para los Defensores el cierre de estos juzgados «dejaría a un número importante de personas al margen del contacto directo con el sistema judicial, con todo lo que ello implica», afectando a una población «que ya de por sí no tiene acceso a varios recursos, siendo el Poder Judicial un bastión de las últimas garantías de esos ciudadanos».
Esos «ciudadanos que sabían que pese al abandono que en otras formas podía hacer el Estado, tendrían siempre un juzgado al cual acudir y plantear sus diversas pretensiones, en una relación de extrema cercanía», agrega el comunicado.
En ese sentido exhortan al Parlamento «a otorgar los recursos económicos para que ese acceso a la Justicia pueda efectivamente realizarse; porque nunca será suficiente la voluntad de hacerlo, si no se acompaña de los recursos necesarios; y de ello, nadie más que las y los Defensores Públicos dentro del Poder Judicial, lo sabemos».
Reacción parlamentaria
El diputado frenteamplista por Colonia Nicolás Viera informó a través de Twitter que le solicitó a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados que convoque al Poder Judicial, a los Defensores Públicos, a los Funcionarios Judiciales y al Colegio de Abogados.
Viera había planteado en sesión parlamentaria que la Rendición de Cuentas «no mejora los recursos para el Poder Judicial».
La medida «vuelve a golpear al interior y especialmente al interior profundo porque estos juzgados, muchas veces, son el único lugar que tiene la gente para acudir, los trabajadores, las mujeres víctimas de violencia; aunque no sea de su competencia, toman la urgencia y las primeras decisiones. Los jueces, las juezas dan respuestas y garantías», lamentó Viera.