«Los colorados no participamos del proceso de Cardama», aseguró diputado Campo
El legislador afirmó que es necesario saber si hubo un funcionario que «dejó pasar» o «fue parte de una trama» para que se aceptara a Eurocommerce e “ir hasta las últimas consecuencias”.
EuroCommerce, la empresa “de papel”-como la calificó el gobierno- que presentó el astillero español Cardama como garantía de fiel cumplimiento del contrato con el Estado uruguayo para la construcción de dos patrulleras oceánicas, fue disuelta por el registro mercantil de Reino Unido. De acuerdo con su sitio web, la empresa, que figura como propiedad del ruso Vladimir Suzdalev, “se disolvió mediante baja obligatoria” y entraría en vigor a partir del 11 de noviembre.
A finales de octubre, el gobierno presentó una denuncia penal contra Cardama luego de intentar ejecutar la garantía sin éxito tras el incumplimiento del astillero de presentar su renovación ante el inminente vencimiento, que fue el 22 de octubre. En ese entonces constató que EuroCommerce no figuraba en el domicilio indicado y estaba en proceso de liquidación.
El diputado colorado Maximiliano Campo, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, dijo en entrevista con Nada que Perder que su posición es investigar lo ocurrido con la garantía dado que “notoriamente algo falló”, porque “a alguien se le pasó” o “fue parte de este entramado”. “Nosotros citamos a [la ministra de Defensa] Sandra Lazo, con la intención de tener información de primera mano, porque hoy circula información por todos lados, pero a la comisión ni siquiera nos llegó el contrato”, afirmó.
“Es importante saber si estas patrullas están construyéndose como se pactó y qué avances llevan”, dijo Campo. A su vez, destacó que es necesario saber si hubo un funcionario que «dejó pasar» o “fue parte de una trama” para que se aceptara a EuroCommerce como garantía, para “ir hasta las últimas consecuencias”. “Los colorados no participamos del proceso de Cardama”, aclaró el diputado.
Campo señaló que no acompaña la denuncia civil y penal realizada por el gobierno a Cardama, pero defendió que se deberá investigar “a fondo”. “Creo que, para el interés nacional, no está bien el hecho de denunciar”, estableció. Sobre ello, opinó que el gobierno debió intimar a Cardama y luego de cotejar que la empresa hubiera actuado de mala fe, “se podría haber hecho el proceso para rescindir”.
“El gobierno podría haber hecho la intimación, ir a la mediación y rescindir el contrato, si evaluaba que hubo mala fe del señor Cardama”, complementó el diputado. Desde el punto de vista jurídico, Campo consideró que este proceder del gobierno puede generarle “un problema” al Estado.
Por último, destacó que “habrá que ver” cuál es el interés nacional. “Ya pusimos 30 millones de dólares y el interés primario es tener las patrullas, porque necesitamos controlar el mar territorial. Me temo que, si se sigue este proceso y se rescinde el contrato, no vamos a tener patrulleras en este período», concluyó.