También destaca a Uruguay por su estabilidad económica, apoyada en un sector financiero sólido, “un nivel saludable de reservas internacionales y su grado inversor soberano”. No obstante, señala que el crecimiento se detuvo en años previos a la pandemia, “las finanzas públicas se debilitaron, la inflación permanecía en niveles altos y la desdolarización continuaba siendo una tarea pendiente”.
En relación a este análisis, el organismo elogió al actual gobierno por la respuesta de política a la pandemia, “que centró esfuerzos en mitigar los efectos económicos y sociales e impulsar reformas para abordar los desequilibrios maroeconómicos”.
También, y aunque la situación sanitaria “se ha deteriorado marcadamente en los últimos meses”, elogió el programa de vacunación “que permitirá una pronta reapertura de la economía”. Se espera, dice el informe de la misión, que la recuperación se acelere en la segunda parte del 2021, arrojando un crecimiento cercano al 3 por ciento para el año.
En cuanto a la política fiscal, las conclusiones de FMI señalan que el gobierno puso el foco adecuado en “sustentar la economía y proteger a los más vulnerables, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, en el contexto de un limitado espacio fiscal”.
“Los sólidos sistemas de salud y de protección social existentes, combinados con la baja incidencia del virus a los inicios de la crisis, limitaron la demanda de recursos necesarios para abordar la crisis sanitaria—especialmente en comparación a otros países de la región—gracias a lo cual el gobierno pudo concentrar sus esfuerzos fiscales en preservar el empleo, mantener las empresas a flote y apoyar a grupos vulnerables”.
El FMI también destaca la administración de gastos a través del Fondo Coronavirus y señala “avances importantes” con la aprobación y primeros pasos de implementación de la regla fiscal. Asimismo reivindica el compromiso del gobierno con bajar la inflación y en tal sentido califica de “señal alentadora” la cifra de abril.
En el corto plazo, sostiene el organismo, “los riesgos fiscales son limitados gracias a una eficiente gestión de la deuda en las dos últimas décadas y a reservas de liquidez saludables. El sector financiero también sigue siendo sólido, con niveles de capital y liquidez muy por encima de los requisitos regulatorios”.
Para el FMI la política fiscal debe seguir apoyando la recuperación, y, a la vez, completar las bases para una consolidación duradera a mediano plazo. “Con los ahorros fiscales previstos se prevé que la relación deuda/PIB se estabilice en el mediano plazo, aunque dejando un margen limitado de acción para responder a choques futuros. La reforma previsional también aportaría credibilidad a la sostenibilidad fiscal, aunque el ahorro fiscal asociado a ella probablemente tardará en materializarse”.
Por otra parte entiende que “las mejoras al marco de política monetaria son loables” y que “en la medida que la economía se recupere, será fundamental que la política monetaria mantenga su congruencia con la meta de inflación para afianzar la credibilidad y anclar las expectativas de inflación”.
Estimular el crecimiento potencial a mediano plazo implica avanzar en reformas estructurales previstas, indica. “Puede ser necesario dar prioridad a reformas que mitiguen las ‘cicatrices’ dejadas por la crisis de COVID-19 y apoyen la reasignación de recursos. En particular, políticas que faciliten la reconversión laboral, que incentiven la contratación y la capacitación en el puesto de trabajo, y que alineen mejor los salarios con la productividad, apoyarían la recuperación, respaldando el empleo y sentando las bases para un crecimiento saludable e inclusivo. Continuar con la reforma de las empresas estatales para incrementar su eficiencia y reducir los costos de los servicios públicos también mejoraría la competitividad y promovería la inversión privada. Además, las políticas para aumentar la participación femenina en la fuerza laboral y mejorar los resultados de educación serán cruciales para elevar el crecimiento y los niveles de vida a mediano plazo”.
En tanto, sostiene que para la recuperación y el éxito del programa de reformas, es “clave” proteger a los grupos vulnerables. “Uruguay está en mejor situación que otros países similares, pero el deterioro de las condiciones sociales a causa de la pandemia y los problemas preexistentes de empleo juvenil y pobreza infantil podrían erosionar gradualmente la cohesión social. Promover el crecimiento al mismo tiempo que se resguardan los programas de protección social y se mantiene un nivel adecuado de beneficios sociales —que balanceen la cobertura y los incentivos a trabajar— garantizarán que los beneficios de un mayor crecimiento se distribuyan equitativamente y que el programa de reforma tenga éxito. Dado el limitado espacio fiscal disponible, esto requerirá incrementar la eficiencia del gasto público mediante una selección adecuada de prioridades”