Reglamentación de Ley de Medios es al revés del compromiso público del presidente de la República, señaló director de Ursec
La mayoría del gobierno en la Ursec decidió que remitirá al Poder Ejecutivo un borrador de decreto reglamentario de los cambios que el oficialismo introdujo a la Ley de Medios en el Parlamento, y ese texto “no tiene informe jurídico, no tiene consulta con los regulados” ni con “la sociedad civil”, cuestionó el representante frenteamplista en el organismo, Pablo Siris, en Nada Que Perder.
Siris criticó varios aspectos de la resolución, como que “nada justifica que se tome una decisión exprés de estas características porque la propia Ley establece un plazo de 180 días para que se elabore el decreto reglamentario; esos 180 días se cumplen el 21 de abril del año 2025”, con el gobierno siguiente ya en funciones.
Simultáneamente, “mucho menos se justificaba que yo, como representante de la oposición, de la fuerza que ganó las elecciones nacionales a la postre, me entere cuando el asunto entra en el directorio, sin un diálogo previo, sin una conversación”, reclamó.
“Y peor aún es que las propias autoridades de la transición”, es decir “la ministra (de Industria, Energía y Minería) designada (Fernanda Cardona), el secretario de la Presidencia (del próximo gobierno, Alejandro Sánchez), el propio presidente electo, Yamandú Orsi, no estuvieran al tanto de esta decisión”, rechazó.
El jerarca entrevistado recalcó el concepto de que “nada justifica tomarla de esta manera, con esta velocidad”, y el de que “mucho menos se justifica que las autoridades electas no estuvieran enteradas; y lo que es peor, es que no se haya consultado a nadie”.
Luego Siris advirtió por carencias del texto: “este borrador que se nos remite no tiene informe jurídico, no tiene una consulta hecha con los regulados, no se le consultó a la sociedad civil, no nada; fue de la cosecha propia de compañeros de aquí del organismo que se remite esto, insisto, sin ningún tipo de discusión, análisis, participación de la oposición ni de las nuevas autoridades”.
Se trata de una manera de hacerlo “que entiendo es absolutamente innecesaria; creo que además da cuenta de una suerte de decisión, de tomar algunas decisiones a último momento, que al revés de lo que se había comprometido públicamente por parte del presidente de la República, van a comprometer al nuevo gobierno tanto en lo económico como en lo político”, alertó el director del organismo.
“Hubiera requerido, en caso que por algún motivo se entendiera que se tenía alguna urgencia, de un diálogo para poder elaborar esta reglamentación de manera adecuada; lo que está claro es que no debió ser de esta forma; lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo se abstuviera de tomar decisiones” desde que “hay un compromiso precisamente porque es parte de la transición”.
“Y además ha sido un compromiso ya histórico en nuestro país desde los primeros gobiernos post dictadura hasta ahora, de tener la posibilidad de dialogar e intercambiar opiniones sobre cómo manejar la cosa pública hasta que asuma el próximo gobierno”.