Daniel Espinosa: Gobierno muestra mucha permeabilidad a determinados lobbies porque no está convencido de la política antilavado

El oficialismo flexibilizó en la última Rendición de Cuentas los controles antilavado a las firmas de logística que operan en zonas francas y esto facilitó la exportación desde Montevideo de un cargamento de cocaína hacia Bélgica, tema del que el exdirector de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), Daniel Espinosa, habló en Nada Que Perder.

Espinosa contó que “en diciembre, ahí, medio perdido” entre el clima de fin de año, “llaman a la Senaclaft, no sabemos quién, se ve que hay un lobby muy poderoso, para decirles a ver qué opinaban de sacar a los (servicios) logísticos de la obligación” de reportar al Estado elementos sospechosos de lavado de activos, “que se ve que eran los que estaban impulsando la modificación”.

A esos gestores “la Senaclaft les dijo que no, que ‘hay un proceso, se va a estudiar’, y es la forma además de trabajar frente a los organismos internacionales: si tenés poco riesgo tenés que demostrarlo porque si no, te van a decir ‘bueno, ese sector tendrías que controlarlo también’; lo serio es ‘hago un estudio de riesgos y en base al estudio saco o pongo sujetos obligados’”.

Explicó que “ese análisis de riesgo se va a hacer” en el organismo que dirigió, “lo malo es que a pesar de esa opinión negativa de la Senaclaft dijeron (en el gobierno) ‘muy bien, lo vamos a hacer’”, es decir que de todos modos procederían a flexibilizar la ley, “lo hicieron igual y fueron los votos del gobierno, de la coalición”.

Lo ocurrido implicó la comisión de “dos cosas terribles: se hizo una modificación legal sin consultar a la autoridad nacional que dirige el tema del lavado, desautorizarla; y lo otro además es que no lo precisaban” porque “el gobierno podía por decreto decir ‘estas actividades sí y estas no’, no precisaban modificar la ley pero el apuro era tanto, se ve, que prefirieron modificar la ley”.

Sobre las razones “podemos pensar mal, algunos pueden haber promovido esta modificación para esconder alguna actividad ilícita, pero es un hecho que a los sujetos obligados les cuesta cumplir las obligaciones antilavado (…) y tenemos el ejemplo en la LUC también: los escribanos, los contadores, algunos profesionales presionaron para que les bajaran las obligaciones”.

Esos profesionales “lo sentían gravoso, les complicaba el día a día, muchas veces el sujeto obligado no es consciente de la importancia de lo que hace y se preocupa más de su situación individual, de no complicarse, de no tener un mal momento con el cliente, de que ‘le tengo que preguntar cosas que no me gustan’”.

“Eso se entiende pero también la autoridad tiene que tener claro adónde va y para qué son estas normas; estos estándares se aplican en todo el mundo porque el Estado no puede detectar todas las operaciones sospechosas, precisa al sector privado”.

El exdirector del organismo estatal de antilavado advirtió que “el gobierno está mostrando mucha permeabilidad a determinados lobbies porque no está convencido de la política antilavado, no tiene una política antilavado firme; y te lo reafirma esto de que no le está dando a la Senaclaft el lugar que tiene que tener”, ilustró.