El informe de Vivienda asegura que casa a empleada doméstica de Moreira no correspondía
“Lo haría de vuelta”. Esa fue la afirmación de la exministra de Vivienda, Irene Moreira, en el momento de su renuncia de mayo de 2023. Pero un informe de la jurídica del ministerio determinó que la adjudicación directa de la casa a una exempleada de Irene Moreira no correspondía por distintos motivos.
El primero, según el documento que recogió El País este lunes 18, es porque la empleada doméstica no se encontraba en emergencia habitacional, un requisito que establece la normativa citada por las reglamentaciones.
Por otro lado, la adjudicación directa fue de carácter definitivo y no de carácter transitorio, como podría haber sido un subsidio por alquiler. Este caso fue uno de los cinco divulgados el 5 de mayo, la jornada de la renuncia de Moreira.
Fue la vivienda de dos dormitorios ubicada en el barrio Belvedere para un núcleo familiar con un hijo a cargo y un menor de siete años. Los ingresos totales ascienden a 45.300 pesos.
Se sumó la del escándalo, la militante de Cabildo Abierto, integrante del Instituto Melchora Cuenca, que accedió mediante adjudicación directa de un apartamento de dos dormitorios en un edificio ubicado en La Aguada, en Montevideo, mediante la modalidad de alquiler con opción a compra. Conocido el asunto, renunció a las llaves del apartamento.
La tercera adjudicación es a una jefa de hogar con dos menores a cargo, de 15 y 16 años. Los ingresos del hogar eran de 71.611 pesos y refinanció deudas del Clearing. Es el único caso en el que se informa violencia de género. También hay en la lista el caso de un hombre al que le fue adjudicada una vivienda de dos dormitorios, integrante de un hogar nuclear sin menores a cargo pero con un hijo de 23 años e ingresos totales de 60.900 pesos. Hay incumplimientos crediticios en dos financieras.
Finalmente, fueron 12 las viviendas entregadas bajo esta modalidad.
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Hay diferencias entre lo informado en la conferencia de prensa de Raúl Lozano, siguiente ministro de Vivienda y también de Cabildo Abierto, con el documento de los abogados del ministerio.
El País hace referencia a que la conducta de Moreira “no se ajustó a derecho ni a la ética que debe regir la actuación de las personas que son convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad al servicio del Estado”, y que actuó “con arbitrariedad y abuso de poder”.
En la conferencia de Lozano, fue adelantado que todos los funcionarios que tramitaron las 12 solicitudes de adjudicación directa pasarían por una investigación. El sindicato del ministerio y COFE entienden que esto es responsabilizar a los funcionarios y al revelar sus nombres los expuso al escarnio público.
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