En barrios con bandas narco cae un 77% las chances de que los consumidores compren marihuana legal

«Las organizaciones criminales pueden influir en los resultados de las políticas públicas”, advierte un estudio realizado por expertos en Ciencia Política y Economía

Por Tomer Urwicz

Los canales abiertos de televisión repiten el video 44 veces en menos de dos días. Un adolescente de gorra roja salta el mostrador del bar a pocas cuadras del Estadio Centenario, en Montevideo. Carga un revólver en su mano derecha. Su cómplice, de visera verde-azulado, se mueve nervioso, errante. Le disparan a Gastón Hernández, un joven que lleva solo tres meses sellando en la plancha los lomitos para los chivitos. Lo matan y dejan huérfanos a sus cinco hijos. El ministro del Interior del momento entiende que se está ante un punto de inflexión: anuncia 15 medidas de seguridad, entre ellas la regulación de la marihuana.

Un año y pocos meses después, el Parlamento de Uruguay convierte al país en el primero del mundo en legalizar la venta y el cultivo de la marihuana en su totalidad. La argumentación principal de los legisladores no pasa por la reducción del narcotráfico, sino por el acceso a la droga de manera segura y controlada. Comienza el “experimento uruguayo”, como lo llamaron los medios internacionales que se hicieron eco de la noticia.

Las políticas públicas son como las articulaciones del cuerpo: están diseñadas para mover algo, para causar un efecto. Pero, ¿qué pasa si —en sentido contrario— la realidad es la que moldea a las políticas? Esa pregunta inquietó a cuatro doctoras en Ciencia Política y a un doctor en Economía que, aprovechando el escenario apacible que ofrece el experimento uruguayo, investigaron en qué medida el narcotráfico desestimula el acceso legal al cannabis en aquellos fumadores que habitan en barrios de Montevideo donde las bandas criminales ejercen control territorial.