En estos 4 años de gobierno Uruguay pasó de país de tránsito y consumo de droga a país de acopio, señaló Carrera
Un cargamento de 2,16 toneladas de cocaína incautado días atrás en el puerto belga de Amberes fue exportado desde Montevideo gracias a que el oficialismo flexibilizó en la reciente Rendición de Cuentas los controles antilavado a las empresas que operan en las zonas francas, desde donde se envió la carga, tema cuya gravedad advirtió el senador frentista Charles Carrera en Nada Que Perder.
Carrera alertó que “al gran narcotráfico no se está combatiendo, o no se está combatiendo como se debe; el Uruguay en estos 40 meses, en estos cuatro años de gobierno de esta coalición, cambió -desgraciadamente lo digo como uruguayo- el estatus y pasamos de ser un país de tránsito y de consumo a un país de acopio”.
“Eso te lo dicen los organismos especializados de Naciones Unidas, que están marcando que (como) uno de los puertos de salida hacia Europa se está utilizando el de Montevideo, el Río de la Plata y en especial los puertos de Rosario y el de Montevideo; y el gran ingreso de droga a Europa está siendo el puerto de Amberes; es lo que te están marcando las cifras”, puntualizó.
“De esta operación” en la que la carga de cocaína fue detectada en Bélgica “lo que te dicen los especialistas, los estudiosos, lo que llama la atención es que esta empresa (remitente) no se dedicaba a este rubro (exportar alfajores y budines), cuando pasa eso es como una alarma, ahí había que haber hecho una revisación manual”.
Después se supo que la firma “se había dedicado a hacer unas importaciones de perfumes, que además hacía una triangulación Francia-Montevideo-Paraguay, y eso es lo que llama la atención”.
El senador destacó que “este debate se da -y nosotros hicimos un pedido de informes- con un cambio de la regulación en materia antilavado” en la última Rendición de Cuentas, votada en 2023.
Desde el oficialismo “ahí se nos plantea esto de levantar esa obligación que tenían estas empresas de servicios logísticos de zonas francas, usuarios de zonas francas”, de reportar elementos que puedan hacer sospechar de la naturaleza de su actividad.
Carrera contó que Ricardo Gil Iribarne le transmitió que ‘“esto no sale de la Senaclaft sino que suponemos que fue promovido por las autoridades del Ministerio de Economía (MEF), o alguna persona acá hizo un lobby y resulta que es una situación grave”’.
“Y lo grave de esto es que te está demostrando que este gobierno no tiene una percepción compartida de la gravedad; en una situación donde te están diciendo los organismos: ‘el Uruguay está siendo plataforma del gran narcotráfico a nivel internacional’ tú no podés bajar exigencias, en todo caso tenés que subirlas”.
Por eso es que en el mencionado pedido de informes “estamos preguntando cuál fue el fundamento que tuvo el MEF”, indicó.
“Si hay que hacer cambios en materia antilavado, que sean parte del consenso, y que sea a través de un análisis de riesgo; y lo que no se explica, y no se explicó en aquel momento, es cómo vas a bajar exigencias, lo que tenés que hacer en todo caso es subir exigencias, y que sean parte de un análisis de riesgo”, reclamó.
La omisión oficial de estos requisitos “te muestra que este cambio no fue hecho analizando los riesgos, te muestra que no fueron consultados los organismos especializados; si vas a cambiar lo tenés que hablar con la Senaclaft, con el área de Inteligencia del Banco Central, tenés que hablar con los especialistas”, recalcó.
En la oposición “estamos preocupados, creemos que para ganarle al narcotráfico hay que pegar al grande de la cadena; lo que nos decía siempre (Julio) Guarteche es ‘el gran narcotraficante puede perder la libertad pero lo que no quiere perder es ese capital mal habido que obtuvo porque eso es lo que le hace perder el poder’”.
“En estos 40 meses se han tomado una serie de medidas que son un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, y nosotros siempre lo decimos y lo volvemos a reiterar: los cambios que se hicieron en la LUC, por ejemplo”, cuestionó.
Carrera rememoró que “este gobierno ha hecho, eso lo tenemos muy presente, que muchas modificaciones normativas han sido fruto del lobby, no nos olvidemos de Montepaz, la ‘fábrica de chicles’, quién fue que pidió la flexibilización de la norma antitabaco: fue Montepaz; este es un gobierno proclive al lobby”.
