Funcionarios del INAU demandaron al Estado por US$ 1.5 millones
Más de 20 funcionarios fueron procesados de forma indebida tras una denuncia penal por parte de Gabriela Fulco y Marina Arismendi.
Un grupo de funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) demandaron al Estado por US$1.5 millones tras una serie de incidentes ocurridos años atrás.
El caso se remonta al año 2015 cuando se viralizó un video de una cámara de seguridad apuntando al patio de un centro de privación de libertad del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
En el mismo se veía a dos menores fuera de su celda, que rompieron la tapa de una alcantarilla, mientras transcurría una reunión del sindicato del Inau.
En ese momento dos funcionarios salieron de la asamblea y redujeron por la fuerza a los adolescentes.
Este incidente generó una denuncia penal por parte de la entonces presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, que derivó en el procesamiento de más de 20 funcionarios; algunos incluso fueron enviados a prisión.
«En su momento fueron procesados 26 funcionarios, originalmente la calificación del delito fue tortura, eso fue apelado por la defensa (…) el Tribunal de Apelaciones de 3° Turno revocó ese procesamiento y eso fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia. Una vez que esto es así, el caso queda firme y ya no es posible que tenga modificación entonces se produjo la prisión indebida de la mayoría de los procesados y procesamientos que no debieron ocurrir», criticó el abogado defensor Juan Raúl Williman.
Ante esta situación los funcionarios afectados, entre los que se encuentra el presidente del sindicato del Inau Joselo López, decidieron demandar al Estado por US$ 1.5 millones.
El actual presidente del Inau, Pablo Abdala, cuestionó que las autoridades de ese momento hayan presentado la denuncia.
«La entonces ministra Arismendi y la presidenta Fulco fueron las que llevaron adelante la denuncia penal y lideraron el proceso que culminó como culminó. Yo creo que eso debe ser también parte del análisis porque si realmente aquí hubo un fallo inapropiado e ilegítimo que causó perjuicio a los trabajadores del Inau habrá responsabilidad del Estado en términos de la Justicia que condenó, pero también se debe analizar la responsabilidad que le quepa a quienes promovieron la denuncia penal, que fueron las autoridades de aquella época», sostuvo Abdala.