Sanguinetti rechaza condena de militares “profesionales serios por hechos de hace 50 años”

El expresidente de la República (1985-1990 y 1995-2000), Julio María Sanguinetti, cuestionó que en la actualidad se está condenando a militares “profesionales serios por hechos de hace 50 años”, en referencia al procesamiento con prisión de teniente general (r) Juan Rebollo por su participación en el operativo militar que terminó con la muerte de Diana Maidanikc, Laura Raggio y Silvia Reyes, de 22, 19 y 19 años, (Las Muchachas de abril) hecho ocurrido en abril de 1974. “Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que puede calificarse de revancha, venganza o explotación demagógica”.

Sanguinetti publicó este viernes 29 de julio un artículo de opinión en su columna del “Correo de los viernes”, titulado: “Militares, jueces y un fiscal”, en el cual hace referencia al reciente procesamiento con prisión de teniente general (r) Juan Rebollo por su participación en el operativo militar que terminó con la muerte de Diana Maidanikc, Laura Raggio y Silvia Reyes, de 22, 19 y 19 años, (Las Muchachas de abril) hecho ocurrido en abril de 1974.

Sanguinetti manifiesta que a Rebollo “se le hace responsable de un trágico episodio, ocurrido en 1974, en un enfrentamiento entre tupamaros y un grupo militar”.

“Murieron tres jovencitas y nada menos que el jefe del grupo militar actuante, capitán Juan Gutiérrez, resultando también herido el entonces teniente Rebollo. O sea que se trata de un episodio típicamente militar”, opinó el ex mandatario.

Consideró que podría considerarse un “homicidio en legítima defensa, pero, en todo caso, juzgado con el derecho vigente en esa época, por lo que se estaba ante un delito común”.

Sanguinetti entiende que el fiscal actuante “reconoce ese hecho fundamental, pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un ‘fuerte tiroteo de varios minutos’ pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas…’”.

Agregó que son “todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si ‘hubo o resistencia o no’ al allanamiento pero igualmente acusa. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, en la duda a favor del acusado”.

El mandatario indicó que el episodio le preocupa porque no se trata de “las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas”.

Al general Rebollo lo ascendió Sanguinetti en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático. “Lo elegimos de la terna propuesta entonces por el comandante en Jefe del Ejército teniente general (Hugo) Medina, que se apoyó en un grupo de oficiales que resultó fundamental en los difíciles equilibrios que hubo que sortear en aquellos tiempos”.

“Estamos, como se advierte, en un terreno muy peligroso para la vida democrática de un país que construyó un clima de paz luego de la dictadura, sobre la base de un gran magnanimidad. Se amnistió a los tupamaros o se decretó su libertad mediante un cómputo favorable de los años de prisión. Quedaron 30 crímenes sin resolver, por los que nadie fue preso. Como es notorio se votó la Ley de Caducidad, a propuesta de Wilson Ferreira, que sometida a plebiscito en dos oportunidades, en 1987 y 2009, resultó ratificada”, manifestó Sanguinetti en su columna de opinión.

Recordó que luego hubo una “disparatada ley interpretativa que hasta provocó la airada oposición de Eleuterio Fernández Huidobro y, finalmente, se ‘derogó’ la Ley de Caducidad, ignorando que ya había producido efectos irreversibles”.

“Tan grave o más que lo jurídico es la doble moral: para unos la amnistía, para los otros la prisión”, cuestionó.

Acotó que “más allá de esa clara dualidad ética, es verdad que algunos de los procesados en estos años eran realmente responsables de actos deleznables y existía prueba de ello. Luego se empezaron a decretar procesamientos sin mayores pruebas y ahora se está llegando a jóvenes oficiales de la época, que hicieron luego una destacada carrera bajo los gobiernos democráticos y llegaron a generales o almirantes”.

Sanguinetti cuestionó que “para ello se retuercen los textos jurídicos y hasta se hacen apreciaciones políticas totalmente fuera de lugar, como decir que haber encargado a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla, en setiembre de 1971, generó un ‘camino inexorable’ hacia el golpe de Estado”.

Para Sanguinetti, “ello ocurrió, como se sabe, a 60 días de una elección, cuando se produce la irresponsable fuga tupamara del Penal de Punta Carretas y un gobierno que solo había enfrentado el tema, exitosamente, con la Policía, no tiene otro camino que apelar a las Fuerzas Armadas”.

“Nada excusa la responsabilidad de los mandos que luego dieron un golpe de Estado, pero ningún fiscal está autorizado a hacer juicios políticos y menos sobre un hecho legal y justificado de un gobierno democrático”, manifestó.

Profesionales serios
“Se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática”, argumentó el ex mandatario y actual secretario general del Partido Colorado.

Cuestionó que el Poder Judicial viene incurriendo en “excesos de algunos jueces en diversos ámbitos”.

“Específicamente, están actuando un solo fiscal y dos jueces. Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar. Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aún peor, de explotación demagógica”, sentenció.